lunes, 10 de marzo de 2008

La explosión en la Planta Piloto de Río Cuarto, una tragedia de responsabilidades compartidas entre la UNRC y el CONICET.

Un profesor titular de la Universidad Nacional de Río Cuarto nos ha hecho llegar esta breve contribución.

La trágica explosión del 5 de diciembre que le costó la vida a seis investigadores, es un caso inédito en nuestro país. La explosión de tambores de Hexano en la Planta Piloto segó las vidas de docentes y alumnos por igual, entre ellos dos empleados del CONICET: el docente y director de la planta, Miguel Mattea (58), de la Carrera del Investigador, y Carlos Ravera (64) de la Carrera de Profesionales de Apoyo, además del estudiante Juan Politano (22), y los docentes Damián Cardarelli (43), Lilian Giacomelli (42), y Gladys Baralla (52).
Un derrame de hexano dentro de la Planta -debido a una negligencia al manipular el líquido- desató la explosión en cadena de los tambores que contenían el hidrocarburo.
Es bien sabido que el hexano jamás debió ser almacenado en el interior de la planta., ya que todos estaban conscientes que era sumamente inflamable.
Lo más llamativo, y me consta, es que Miguel Mattea ya había usado hexano con anterioridad y publicado los resultados de sus investigaciones en revistas científicas de su especialidad, en las que demostraba que el hidrocarburo es ideal para la fabricación de biodiesel.
Mattea debió haber exigido que el hexano se almacenara en el exterior en un “depósito de inflamables” y si éste no existía, debió haber solicitado fondos a la SECYT , al CONICET o a la UNRC para su construcción.
Pero no nos resulta extraño que Mattea no haya tomado precaución alguna al respecto, ya que, según pude investigar, el CONICET no dispone de normas de seguridad al respecto del uso de hidrocarburos inflamables. Consulté con otros investigadores de Centros Regionales del CONICET y a diferencia de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UBA, que posee un Departamento de Seguridad e Higiene desde hace mas de década y media, el CONICET y sus Unidades Ejecutoras están huérfanas de todo.
Aparentemente existe un Ingeniero de apellido Metallo en el CONICET, Capital, que se encarga de organizar cursillos sobre como usar matafuegos y no mucho más.
El Fiscal Federal Alberto Saissac ha promovido el 22 de enero acción penal por “estrago culposo agravado por el resultado de muerte” y pidió la indagatoria para Diego Moitre, decano de Ingeniería; Carlos Bortis, vicedecano y titular de la Fundación de la UNRC; José Luis Pincini, secretario de Coordinación Técnica.
El 31 del mismo mes supimos que el Juez Federal subrogante, Carlos Arturo Ochoa, aceptó la participación de nuestra Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto como querellante en la causa.
De haber sobrevivido a la explosión que le costó la vida, sin dudas Mattea y en forma indirecta el CONICET, habría estado sentados en el banquillo junto con las autoridades de la Facultad, ya que el CONICET y la SECYT al apoyar sus investigaciones en la UNRC, y proveerlo de fondos para sus investigaciones ,sin requerirle salvaguardas de seguridad para los docentes y alumnos de la Facultad de Ingeniería, estas tres instituciones son coparticipes del trágico suceso, que se podría haber evitado fácilmente si se hubiera actuado con responsabilidad y profesionalismo.
Aun así y a pesar de su fallecimiento, el Fiscal Federal considera al investigador y profesor de la UNRC, Miguel Mattea, como responsable de la “grave imprudencia” que facilitó la explosión de los tanques de hexano ya que dirigía la investigación en el laboratorio, y resultó ser uno de los seis fallecidos.
Me informan que en el CONICET existe seria preocupación entre los miembros del Directorio y las Gerencias por la grave falla de seguridad ocurrida en Río Cuarto y las consecuencias legales y económicas que pueden devenir del juicio que las victimas habrán de iniciar.

Quizás como consecuencia del grave accidente de Río Cuarto las autoridades del CONICET y del Ministerio de Ciencias han reaccionado tardíamente a los acontecimientos, y de un modo dispar:

En el “Informe de gestión 2002-2007(CONICET: 21.11.2007) publicado en su pàgina web, se hace mención a que el CONICET” ha puesto en marcha una estrategia para asegurar condiciones adecuadas de seguridad y de trabajo, así como de calidad en los servicios brindados”.

El CONICET menciona haber constituido las siguientes comisiones de acuerdo a las leyes laborales existentes: Comisión de Condiciones de Medio Ambiente del Trabajo, la de la Igualdad de Oportunidades y Trato, y el Comité de Seguridad de la Información.
Consultados por teléfono varios afiliados a los gremios de UPCN y ATE que se desempeñan en la casa central del CONICET me informan que en Noviembre del 2006 se nombraron los delegados a la Comisión de Condiciones de Medio Ambiente del Trabajo, pero que no les constaba a ninguno de ellos que dicha Comisión hubiera sido convocada a sesionar, y por otro lado se desconocía cualquier conclusión o recomendación al respecto. En otras palabras, lo afirmado en la Memoria es un invento mayúsculo.

El Ministro Barañao, algo mas realista, al anunciar el 29/2/08 el “Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y la Tecnología” con una inversión de 402 millones, agregó que “además, ya se abrió una línea de crédito a tasa baja para que los organismos que se dedican a la investigación adapten sus edificios a las normas de higiene y seguridad vigentes. El 5 de diciembre pasado, una explosión en la planta piloto de la Universidad Nacional de Río Cuarto puso al descubierto que las condiciones de trabajo no serían las mejores para los investigadores. Como consecuencia del accidente, fallecieron seis personas. "Queremos compensar el estado de abandono que enfrentan institutos y centros de investigación en las universidades” -dijo Barañao a Clarín-.

Es interesante observar que indirectamente se menciona que el abandono sólo afecta las los centros de investigación de las universidades. La planta piloto que explotó era relativamente nueva, no estaba abandonada. Lo que ocurrió se debió a que no se respetaron las normas de seguridad, si es que existían. Y eso no se resuelve sólo con créditos o inversiones. En las 80 páginas del Plan Federal que preparó el CONICET no existe una sola referencia a que los nuevos edificios deberán cumplir con las normas de seguridad e higiene ambiental o de bioseguridad, aun cuando alguien pueda pensar que eso está implícito.

Sin dudas que si las actuales autoridades del CONICET hubiesen impartido instrucciones claras y contundente al Ing. Metallo y lo hubiesen provisto de fondos, el accidente de Río Cuarto se podría haber evitado.