Hace unos días la Nación envió a la Policía Federal para desalojar una calle ocupada en la Villa 31 de Retiro, junto a las vías del ferrocarril San Martín, y a un predio de las Bodegas Giol.
Es evidente que el Gobierno Nacional tiene un criterio selectivo a la hora de cumplir las órdenes judiciales.
Ante la orden de un Juez federal en el caso de la Villa 31, decidió cumplirla.
En cambio en el caso del complejo de Castañares y Lafuente, el cual estaba tomado por cien personas, y que estaba destinado a los habitantes de El Pueblito, un asentamiento a la vera del Riachuelo, el gobierno nada hizo.
El juez federal de Quilmes, Luís Armella, ya había dictado tres órdenes de desalojo, pero la Nación se negó a intervenir, argumentando que es responsabilidad de la Ciudad por tratarse de un delito de usurpación.
La Ministra de Desarrollo Social de la ciudad, María Eugenia Vidal, afirmó sobre el tema de las competencias, “Aunque la Nación sostiene que la competencia en el delito de usurpación la tiene la Ciudad, cuando de un terreno depende un objetivo de su gestión, sí interviene. Aquí hay una decisión arbitraria y discrecional en relación a cuando intervenir en tomas y cuando no. El Ejecutivo no entiende que la Policía Federal es una fuerza auxiliar de la Justicia y debe hacer lo que ésta les indique, no lo que al Gobierno le parezca”.
En el caso de las bodegas Giol, si los ocupantes no eran desalojados, el MINCyT no podía seguir adelante con sus planes de construir nuevas oficinas y quizás una parte de las obras quedarían paralizadas al infinito, además algunos funcionarios murmullan que tener “ocupantes" cercanos a los nuevos edificios del MINCyT y CONICET, es algo desagradable.
En este caso las cuestiones sociales no fueron tenidas en cuenta. Es evidente que estamos ante una decisión arbitraria y discrecional en relación a cuando intervenir en tomas y cuando no.
Es evidente que el Gobierno Nacional tiene un criterio selectivo a la hora de cumplir las órdenes judiciales.
Ante la orden de un Juez federal en el caso de la Villa 31, decidió cumplirla.
En cambio en el caso del complejo de Castañares y Lafuente, el cual estaba tomado por cien personas, y que estaba destinado a los habitantes de El Pueblito, un asentamiento a la vera del Riachuelo, el gobierno nada hizo.
El juez federal de Quilmes, Luís Armella, ya había dictado tres órdenes de desalojo, pero la Nación se negó a intervenir, argumentando que es responsabilidad de la Ciudad por tratarse de un delito de usurpación.
La Ministra de Desarrollo Social de la ciudad, María Eugenia Vidal, afirmó sobre el tema de las competencias, “Aunque la Nación sostiene que la competencia en el delito de usurpación la tiene la Ciudad, cuando de un terreno depende un objetivo de su gestión, sí interviene. Aquí hay una decisión arbitraria y discrecional en relación a cuando intervenir en tomas y cuando no. El Ejecutivo no entiende que la Policía Federal es una fuerza auxiliar de la Justicia y debe hacer lo que ésta les indique, no lo que al Gobierno le parezca”.
En el caso de las bodegas Giol, si los ocupantes no eran desalojados, el MINCyT no podía seguir adelante con sus planes de construir nuevas oficinas y quizás una parte de las obras quedarían paralizadas al infinito, además algunos funcionarios murmullan que tener “ocupantes" cercanos a los nuevos edificios del MINCyT y CONICET, es algo desagradable.
En este caso las cuestiones sociales no fueron tenidas en cuenta. Es evidente que estamos ante una decisión arbitraria y discrecional en relación a cuando intervenir en tomas y cuando no.
No hay comentarios:
Publicar un comentario