CONICET: Acoso laboral. Sigue la polémica por la exclusión de dos científicos del CADIC.

FUERON EXONERADOS POR PRESUNTO MALTRATO LABORAL A BECARIOS

18/07/2011 Diario "El fin del mundo online". Se trata de los biólogos Oscar Amin y Laura Comoglio. El CONICET los separó de sus puestos luego de un sumario administrativo. Su abogado denunció irregularidades en el procedimiento, tanto antes como después de aplicada la sanción. El director del Centro Austral de Investigaciones Científicas opinó que lo ocurrido fue “grave” y que “se protegió al eslabón más débil del sistema que son los becarios”. La decisión del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de exonerar a dos investigadores que cumplían funciones en el CADIC, los biólogos Oscar Amin y su esposa Laura Comoglio, generó un cruce de opiniones entre el abogado de los científicos y el director de la institución en Ushuaia, Adrián Schiavini.
Amin y Comoglio fueron separados de sus cargos luego de un sumario administrativo donde se los acusó de asedio laboral sobre un grupo de becarios, situación que los investigadores desmienten y que además consideran que no se corresponde con el tenor de la sanción. La exoneración les impide trabajar en cualquier otra dependencia pública (nacional, provincial o municipal) y afecta a los dos integrantes del matrimonio. Sin embargo, desde la dirección del CADIC sostuvieron que lo ocurrido “fue grave” y que el CONICET “protegió al eslabón más débil del sistema que son los becarios”. Según explicó Pedro Embón, abogado de Amin y Comoglio, se trata de uno de los casos “donde más groseramente se han infringido pautas de procedimiento”, y mencionó “dos tipos de errores: unos cometidos antes de la adopción de la sanción”, y otros “después de formular la defensa ante el CONICET, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Cámara Federal en materia Contencioso Administrativa”.
Embón relató que todo partió de “dos denuncias” de las cuales “una estaba prescrita por el paso del tiempo”.
También dijo que cuando se realizó el sumario, “fueron acompañados mails relacionados con los denunciantes y testigos. Esta prueba es muy importante porque a diferencia de un testimonio, demuestra sin posibilidad de alteración, que el asedio era inexistente. Estos mails ni siquiera fueron tomados en cuenta por el CONICET”, indicó el letrado.
Además, mencionó entre las presuntas irregularidades de esta etapa del proceso que “las declaraciones testimoniales reunidas por el sumariante consignan las respuestas, pero no las preguntas a los testigos”.
El abogado señaló que aunque el encargado del sumario pidió que se sancione a los investigadores con una suspensión, el directorio del CONICET le aplicó directamente la pena máxima de exoneración.
“En el empleo público y más cuando se trata de gente con jerarquía, para aplicar una exoneración tienen que encontrar un investigador que haya matado a un vecino”, graficó Embón, y remarcó que la medida aplicada sobre quienes llevaban “veinte años como investigadores con vínculo exclusivo con el CONICET, le ha cortado todo tipo de ingreso al grupo familiar” lo que es “injusto e inhumano”.
El representante legal de Amin y Comoglio explicó que después de impuesta la sanción, el 4 de abril, fue presentado un recurso de reconsideración ante el propio CONICET el 1 de junio, con un recurso de apelación en forma subsidiaria ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y ante la Justicia.
“Las autoridades tuvieron el expediente sin hacer nada hasta el 16 de junio. A raíz de ello decidimos desistir de la reconsideración ante el propio organismo. Y de golpe, sorpresivamente, el 6 de julio apareció una resolución fechada el 3 de junio, donde el CONICET modifica la exoneración por una cesantía”, precisó Embón, y consideró que esa “resolución es nula, porque se produjo después del desistimiento”.

“Se protegió al más débil”
Por su parte el director del CADIC, Adrián Schiavini, hizo hincapié en la gravedad de los hechos denunciados e investigados por el sumario contra los investigadores, y si bien evitó dar detalles, consideró que lo ocurrido “fue lastimoso”.
Schiavini recordó que los becarios son estudiantes de posgrado que reciben un reconocimiento del CONICET para realizar sus doctorados a lo largo de cinco años, bajo la dirección de un director.
“La relación entre un investigador y un becario es académica. Uno no es jefe del otro, y formalmente el becario no tiene relación de dependencia con el CONICET. No obstante se abren las ventanas para relaciones de jefaturas o liderazgos que en ocasiones se escapan de lo normal como sucede en cualquier grupo de seres humanos”, detalló el titular de la institución científica de Ushuaia.
Según sostuvo, en estos casos en particular y “a juicio del CONICET, se ha demostrado maltrato, abuso de autoridad y hasta tutelaje de las amistades (que podían tener los becarios) dentro y fuera de la institución”.
“Es decir que no se trata de la moda de convertir las quejas de los becarios en la estigmatización de los investigadores. Aquí hubo un sumario que duró dos años, y que fue tratado por dos directorios diferentes que han ratificado la decisión de separación de la institución de estos investigadores”, afirmó Schiavini, y advirtió que “si la sanción aplicada fue excesiva o no es una cuestión del CONICET”.
Sobre la cantidad de denuncias contra los involucrados, el director del CADIC señaló que “es erróneo que esto proviene de dos denuncias y que una prescribió. Hubo tres denuncias más. Una becaria tuvo que irse de Ushuaia y otras dos tuvieron que cambiar de ámbito de trabajo gracias al CONICET que protegió a la gente de esa relación fuera de lo normal. Protegió a los eslabones más débiles del sistema científico”, observó el titular del Centro Austral de Investigaciones.

Dos denuncias, y no cinco
En tanto, el abogado Embón insistió en que las denuncias “originarias” contra Amín y Comoglio fueron dos, y no cinco.
El letrado detalló que una de las denunciantes presentó un certificado médico–psiquiátrico de donde se desprendería un deterioro de su estado anímico previo a desempeñarse con los científicos exonerados.
Y sobre el otro denunciante, señaló que había puesto en conocimiento del presunto maltrato a las autoridades del Centro a mediados de 2007, y sin embargo no se realizaron las denuncias correspondientes.
Embón también negó que se haya separado a los becarios de sus lugares de trabajo. “Solo un becario hizo un cambio de grupo, ya que otros dos continuaron en el mismo grupo hasta la finalización de sus becas (que coincidió con la resolución de exoneración de ambos investigadores) mientras que la última becaria con un año de anticipación a la denuncia anunció que no continuaría residiendo en la ciudad de Ushuaia”, aseguró.